Millones a dedo: la Xunta impulsa festivales gallegos bajo el control del fondo KKR
Durante los últimos años, Galicia se ha convertido en uno de los epicentros musicales del Estado. Festivales como O Son do Camiño, Resurrection Fest o Caudal Fest han situado a la comunidad en el mapa internacional de los grandes eventos de música. Pero detrás del brillo de los escenarios, la realidad económica y política que los sostiene plantea interrogantes cada vez más incómodos: ¿a quién benefician realmente los millones de euros públicos invertidos en la industria musical gallega?
Más de tres millones públicos para un solo festival
A finales de la pasada primavera, la Xunta de Galicia aprobó la concesión de más de 3 millones de euros (3.025.000 €) a la organización del festival O Son do Camiño, el evento musical de referencia en Santiago de Compostela.
La adjudicación se realizó sin concurso público y de forma directa a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Esmerarte Industrias Creativas y Old Navy Producciones (Bring The Noise).
Esta fórmula, que se repite en otros proyectos culturales de la Xunta, permite seleccionar directamente a las empresas colaboradoras bajo el paraguas de “patrocinios” o “colaboraciones estratégicas”, evitando la licitación abierta y el control exhaustivo que implicaría un proceso público.
En la práctica, significa que millones de euros de dinero público se transfieren a empresas privadas sin competencia ni transparencia detallada sobre el destino del dinero.
Festivales bajo un mismo paraguas
El nombre Bring The Noise puede sonar familiar para los seguidores de la música en vivo. Bajo esa marca se organizan algunos de los festivales más potentes del país, como el Resurrection Fest o el O Son do Camiño, ambos con apoyo económico y logístico de administraciones públicas gallegas.
Lo que pocos asistentes saben es que Bring The Noise pertenece a Old Navy Producciones, empresa actualmente controlada por el fondo de inversión internacional KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.), un gigante financiero con sede en Nueva York y presencia en todo el mundo.
KKR adquirió recientemente Superstruct Entertainment, el conglomerado europeo que posee y gestiona decenas de macrofestivales como Sónar, Viña Rock, FIB, Arenal Sound, Brava Madrid, Interestelar, Granada Sound o Elrow Ibiza, entre muchos otros.
En consecuencia, la mayor parte de los festivales de gran formato en España están hoy en manos de capital extranjero, concentrado en un grupo de inversión cuya prioridad no es cultural, sino económica.
Quién es KKR y por qué genera polémica
El fondo KKR no es un recién llegado. Fundado en 1976 por Henry Kravis y George Roberts, se ha convertido en uno de los nombres más poderosos del capitalismo global. Con intereses en sectores tan diversos como energía, defensa, ciberseguridad, tecnología, medios de comunicación e inmobiliaria, gestiona activos valorados en más de 500.000 millones de dólares.
Sin embargo, KKR también arrastra una larga lista de controversias.
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Ha sido señalado por su implicación en proyectos inmobiliarios en territorios palestinos ocupados, a través del grupo alemán Axel Springer, del que es principal inversor.
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Controla empresas tecnológicas con sede en Israel dedicadas a la ciberseguridad y la inteligencia digital, algunas de ellas vinculadas a antiguos oficiales del ejército israelí.
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Sus principales directivos son donantes habituales del Partido Republicano estadounidense y de campañas políticas asociadas a sectores proisraelíes y profracking.
Estas conexiones, aunque no ilegales, han provocado una fuerte reacción ética y cultural dentro del mundo de la música y el arte, especialmente tras la ofensiva israelí en Gaza.
Numerosas bandas españolas y europeas han anunciado su salida voluntaria de los festivales controlados por KKR, exigiendo a las promotoras un posicionamiento público respecto a los derechos humanos y el conflicto palestino.
Opacidad institucional y silencio administrativo
El modelo de “patrocinio” aplicado por la Xunta permite que las grandes sumas de dinero público no pasen por procesos de contratación pública tradicionales, lo que reduce la transparencia.
No se publican los cachés de los artistas, los presupuestos desglosados, ni los contratos completos.
La única información oficial disponible suele limitarse al montante total y al nombre de la empresa adjudicataria.
Fuentes del sector señalan que este sistema consolida una red de intereses entre el poder político y los grandes operadores privados de la música, generando una situación en la que los festivales más mediáticos reciben apoyo continuado, mientras otros proyectos culturales locales sobreviven con subvenciones mínimas o inexistentes.
La otra cara del espectáculo
Lo paradójico es que los festivales financiados con dinero público y gestionados por grandes fondos extranjeros se presentan como proyectos de promoción cultural o turística, cuando en la práctica funcionan como empresas privadas con beneficios multimillonarios.
Solo Old Navy Producciones declaró en 2022 un beneficio de 3,3 millones de euros, antes incluso de su adquisición por KKR.
Mientras tanto, la administración gallega se limita a exigir que el logotipo del Xacobeo o de la Axencia de Turismo de Galicia aparezca en los escenarios y materiales promocionales, sin intervenir ni fiscalizar la gestión económica del evento.
El mapa del poder cultural
El caso gallego ilustra una tendencia cada vez más clara: la privatización encubierta de la cultura y la música a gran escala, donde fondos de inversión internacionales sustituyen a los promotores locales y las administraciones públicas actúan como financiadores pasivos.
La combinación de dinero público, capital extranjero y falta de transparencia convierte a estos festivales en un terreno ambiguo donde los intereses económicos se imponen a los culturales.
Galicia presume de ser una tierra de festivales, pero buena parte de su maquinaria musical se sostiene sobre un modelo de financiación opaco y concentrado en manos de actores internacionales.
Mientras el público baila ante los focos, millones de euros circulan por debajo del escenario, tejiendo alianzas entre poder político, capital extranjero y entretenimiento masivo.
Un triángulo que, más allá de la música, define quién dirige realmente el negocio cultural en España.
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